El Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa en Torreón, Coahuila, admitió el amparo que interpusieron ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, para que se les garantice el derecho de acceso a la justicia.
En un comunicado, la organización ProDESC informó que el amparo se interpuso después de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón dictó una sentencia en la que estableció el término de la relación contractual entre las ejidatarias, los ejidatarios y Excellon de México S.A de C.V, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido.
Sin embargo, en la misma sentencia se ordenó al Ejido que pagara a la empresa 5 millones 612 mil 038 pesos, manteniendo un embargo sobre sus tierras hasta que se realice el pago.
ProDESC destacó que el embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución, ya que este artículo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
La sentencia estableció que la empresa debe pagar al Ejido 5 millones 500 mil pesos por una cláusula penal establecida en el contrato. Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario no se pronunció por los daños que las actividades de la empresa causan a la comunidad y a sus tierras.
En relación al supuesto cierre de la mina por parte de los ejidatarios, las pruebas confesionales y testimoniales que ofreció Excellon mostraron que se trató de una manifestación pacífica en una de las entradas de la mina, sin afectar el acceso de las y los trabajadores a la empresa.
Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional de ProDESC, indicó que “el Ejido La Sierrita no ha recibido la renta en los últimos tres años; además, la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario omite ordenar que el Ejido debe recibir un pago por los daños causados y por los incumplimientos al contrato por parte de la empresa. Por eso es tan relevante que el Segundo Tribunal Colegiado haya admitido el amparo interpuesto, y esperamos que se garanticen a cabalidad los derechos de las ejidatarias y los ejidatarios”.
Añadió “Es importante dejar en claro que las ejidatarias y los ejidatarios de La Sierrita buscaron entablar un diálogo con Excellon, ya que es una comunidad que está a favor del desarrollo y la generación de empleos en la región, pero esto no podrá suceder si continúan las violaciones a los derechos de las y los propietarios de la tierra”.
En su comunicado, la organización precisó que Excellon de México inició operaciones en el Ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años y haciendo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo.
En 2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa.
Así, en septiembre de 2012 los ejidatarios de La Sierrita, con el acompañamiento de ProDESC, presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera, y después de cuatro años resolvió el caso, privilegiando el beneficio de las empresas trasnacionales por encima de la defensa a los derechos de las y los mexicanos.
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