En esta etapa histórica, marcada por la transición política, la consolidación democrática y la participación activa de la ciudadanía.
Debe ser fuente de inspiración para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y el gobierno abierto; destacó el presidente comisionado Héctor Carriedo Sáenz al presentar su informe de actividades ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.
En este sentido, el presidente de la Comisión, Rosauro Meza Sifuentes reconoció el trabajo que realiza el organismo autónomo, para contribuir en la transparencia y rendición de cuentas de los entes obligados.
Al respecto, el presidente del IDAIP, destacó que el respaldo del Congreso del Estado para consolidar y fortalecer la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ordenamiento que enfatiza su funciones y facultades necesarias para el cumplimiento de su misión institucional
Informó que durante el 2015 los sujetos obligados recibieron tres mil 450 solicitudes de información, cuatro por ciento más que en 2014, además preciso que en el periodo 2011-2015 el número de solicitudes de información ha crecido en un 57.5 por ciento.
Precisó que el mayor número de solicitudes se concentró en los municipios de Durango con un 34 por ciento, Gómez Palacio con 10 por ciento y Lerdo con dos por ciento; junto con el Poder ejecutivo con un 32 por ciento y el IDAIP con un registro de nueve por ciento.
El Comisionado comentó que también se realizaron mil 412 verificaciones a portales de transparencia de los sujetos obligados, a fin de revisar el cumplimiento sus obligaciones; atendieron 96 recursos de revisión que representan el 2.78 por ciento; el 86 por ciento de los casos se resolvieron a favor de quien presentó la solicitud.
Uno de los aspectos que destacó es que durante el 2015 se aplicaron sanciones a tres partidos políticos y a 21 ayuntamientos por no publicar sus obligaciones de transparencia.
Entre los retos que tiene el IDAIP mencionó propiciar las condiciones para que los sujetos obligados se incorporen de manera gradual y completa, a más tardar en noviembre de 2016 a la Plataforma Nacional de Transparencia, hacer cumplir la nueva Ley de Transparencia para establecer sanciones, amonestación pública o multa de 150 hasta 1500 veces el salario mínimo a quienes no cumplan con sus obligaciones.