Abordemos un tema de gran relevancia que ha captado la atención tanto en México como en el ámbito internacional: la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. Esta medida, anunciada como parte de sus primeras acciones al asumir su segundo mandato el 20 de enero de 2025, representa un cambio significativo en la política estadounidense hacia el crimen organizado transnacional y plantea preguntas cruciales sobre sus implicaciones para la soberanía mexicana y los posibles resultados a corto y largo plazo.
Comencemos por entender qué significa esta designación. Al clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), Estados Unidos otorga a su gobierno herramientas legales y operativas más amplias para combatirlos. Esto incluye la capacidad de imponer sanciones económicas más severas, congelar activos vinculados a estas organizaciones en territorio estadounidense, y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que brinde “apoyo material” a los cárteles, un término que puede interpretarse de manera amplia. Además, esta medida abre la puerta al uso potencial de inteligencia militar y, en teoría, a operaciones directas en el extranjero, aunque tales acciones requerirían consideraciones legales y diplomáticas adicionales.
Para México, esta declaración tiene implicaciones profundas, especialmente en lo que respecta a su soberanía nacional. La actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha subrayado en repetidas ocasiones que la relación bilateral con Estados Unidos debe basarse en la colaboración y no en la subordinación. Durante su conferencia matutina del 21 de enero de 2025, afirmó: “Todos queremos combatir a los cárteles de drogas, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro”. Este mensaje refleja la postura mexicana de defender su independencia frente a cualquier intento de intervención unilateral por parte de Estados Unidos. Sin embargo, la designación de los cárteles como terroristas podría ser percibida como un paso hacia esa intervención, generando tensiones diplomáticas en un momento en que ambos países enfrentan retos compartidos como el tráfico de fentanilo, la migración y el comercio.
Uno de los aspectos más preocupantes para México es el riesgo de que esta medida legitime acciones militares estadounidenses en suelo mexicano sin el consentimiento del gobierno nacional. Trump no ha descartado explícitamente esta posibilidad; de hecho, durante una sesión en la Oficina Oval, respondió a una pregunta sobre el envío de fuerzas especiales con un ambiguo: “Podría pasar. Cosas más extrañas han sucedido”. Si bien expertos como Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, argumentan que una incursión militar sería improbable debido a las consecuencias económicas y políticas —dado que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos—, la sola amenaza podría presionar al gobierno mexicano a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles para evitar una escalada.
Pasemos ahora a las posibles implicaciones prácticas. En primer lugar, la designación podría tener un impacto significativo en las finanzas de los cárteles al dificultarles el acceso al sistema bancario internacional. Esto es positivo en teoría, pero también podría afectar a empresas y ciudadanos mexicanos legítimos que, sin saberlo, interactúen con entidades vinculadas a estas organizaciones, exponiéndolos a sanciones estadounidenses. En segundo lugar, está el tema de la migración. Dado que los cárteles controlan gran parte del tráfico humano en la frontera, los migrantes que paguen a estos grupos podrían ser considerados como “apoyadores de terrorismo”, lo que les cerraría la puerta al asilo en Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, algunos analistas sugieren que huir de organizaciones clasificadas como terroristas podría fortalecer ciertos casos de asilo, dependiendo de cómo se implemente la política.
En términos de resultados, hay varios escenarios posibles. Por un lado, esta medida podría forzar una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos, similar a iniciativas pasadas como el Plan Mérida, donde se logró cierta coordinación contra el narcotráfico, aunque con resultados mixtos. Por otro lado, si México percibe esta designación como una imposición, podría optar por una postura más nacionalista, reduciendo la colaboración y complicando aún más la lucha contra el crimen organizado. Además, existe el riesgo de que los cárteles, al ser etiquetados como terroristas, radicalicen sus tácticas, pasando de evitar confrontaciones directas con Estados Unidos a emprender represalias contra intereses estadounidenses, como los más de un millón de expatriados que viven en México.
Finalmente, no podemos ignorar el contexto interno de México. La violencia relacionada con los cárteles, como la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en el norte del país, ya representa un desafío enorme para el gobierno de Sheinbaum. La designación de Trump podría ser vista como una oportunidad para algunos sectores de la oposición mexicana, que han abogado por un cambio en la estrategia de seguridad, pero también como una amenaza por quienes temen una erosión de la autonomía nacional.
En conclusión, la declaración de Trump de designar a los cárteles como terroristas es un movimiento audaz con implicaciones de amplio alcance. Para México, representa tanto un desafío como una oportunidad: un desafío para proteger su soberanía y una oportunidad para negociar una estrategia conjunta que aborde las raíces del problema sin comprometer su independencia. Los resultados dependerán en gran medida de la voluntad de ambos gobiernos para dialogar y de la capacidad de México para demostrar resultados tangibles en su lucha contra el narcotráfico. Lo que está claro es que estamos ante un momento crítico en la relación bilateral, uno que definirá el rumbo de la seguridad regional en los años por venir.
