Los diputados locales aprobaron las reformas al Código Penal del Estado, con la finalidad de agravas las sanciones por delitos de corrupción, con penas hasta de 30 años de cárcel.
Las adecuaciones avalas por los integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura son resultado de cuatro iniciativas que analizaron las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del Sistema Local Anticorrupción.
En este sentido, se agravaron las penas de los delitos de intimidación; enriquecimiento ilícito; abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública; coalición de servidores públicos; uso indebido de atribuciones y facultades; tráfico de influencia; cohecho; peculado y concusión entre otros.
Se impondrán de tres a 12 años de prisión y multa de 216 dieciséis a 864 veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información o pruebas relativas a la probable comisión de un delito o sobre la posible comisión de algún servidor público.
Además al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.
Al respecto, se le sancionará con prisión de 10 a 30 años y multa de 722 mil 60 días de salario, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 10 años.
A quien por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio del Estado, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multa de 360 a mil 80 veces la Unidad de Medida y Actualización.
De esta manera, el Congreso del Estado da cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.