POR KURT HACKBARTH
La prensa internacional está golpeando de nuevo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, esta vez acusándolo de atacar las instituciones democráticas del país. Es un cargo infundado destinado a socavar a un gobierno que rechaza la obediencia total a la hegemonía de los Estados Unidos.
El 23 de febrero, un proyecto de ley de reforma electoral recibió su aprobación final en el Senado mexicano en camino a convertirse en ley. El día anterior, la jefa de la oficina del New York Times, Natalie Kitroeff, demostrando una continua incapacidad para distinguir entre un artículo de noticias y un artículo de opinión, declaró que la ley era “la más significativa de una serie de movimientos del presidente mexicano para socavar las frágiles instituciones del país, parte de un desafío a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental”. Si las reformas se llevan a cabo, advirtió amenazadoramente, “será difícil llevar a cabo elecciones libres y justas, incluso en una contienda presidencial crucial el próximo año”.
Por su parte, David Frum, quien, junto con su editor en el Atlantic, Jeffrey Goldberg, fueron los proveedores clave de las mentiras que justificaron la invasión de Irak por parte de la administración Bush, acudió a las páginas de la revista para advertir al mundo que “la democracia liberal en México está siendo atacada” por el “presidente errático y autoritario” de México.
“En México la semana pasada, encontré una completa unanimidad entre académicos, empresarios y comentaristas políticos de que la democracia del país está ahora en peligro real”, escribió Gideon Rachman del Financial Times, aprovechando sin duda una muestra extremadamente poco representativa de la nación. Y para rematar, NPR advirtió que la nueva ley “destripó” la comisión electoral del país, sí, “destripada”, lo que constituye “un golpe a su joven democracia”.
En contraste con el espeluznante sensacionalismo de la prensa del establishment angloamericano, la ley en sí es bastante mundana. El Instituto Electoral Nacional (INE) es ampliamente reconocido por estar plagado de exceso de gastos y una burocracia muy pesada. La nueva ley simplemente exige medidas de ahorro de costos similares a las que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha aplicado a otros departamentos gubernamentales. Elimina las funciones duplicadas a nivel local y de distrito, y fusiona ciertas descripciones de puestos de trabajo de nivel superior. También tiene las riendas de los salarios más altos y llamativos. Por medio de la comparación, en un país donde el salario mínimo es de aproximadamente 10 dólares por día, el jefe del instituto hace el equivalente antes de impuestos de unos 13,000 dólares al mes, además de beneficios, bonificaciones, un vehículo, un plan de seguro privado, generosos estipendios telefónicos y de alimentos, y una batería de once asesores, cuatro de los cuales ganan más que el presidente.
La ley también facilita el derecho al voto para los discapacitados, los detenidos en prisión preventiva y los millones de migrantes que viven en el extranjero. Proporciona sanciones más estrictas para la práctica endémica de la compra de votos y consagra en la ley la inclusión de minorías y miembros de grupos vulnerables en las listas de candidatos. Establece una comisión para estudiar la aplicación de la votación electrónica. Y, a la luz de una serie de incidentes en los que el INE trató de prohibir a las personas postularse para un cargo por acciones tan inocuas como tuitear, la ley reduce su capacidad para interferir arbitrariamente con los derechos políticos de los ciudadanos.
La legislación tiene sus puntos discutibles. Existen preguntas sobre cómo el Secretario de Relaciones Exteriores, un brazo del gobierno, va a administrar la votación internacional en ausencia del INE. Los conservadores están particularmente en pie de guerra con las disposiciones para permitir que los votantes extranjeros voten con sus pasaportes en lugar de las tarjetas de identificación de votantes que son obligatorias dentro de México.
Existe la preocupación de que un exceso de flexibilidad pueda permitir que los partidos jueguen rápido y sueltos en la aplicación de las cuotas de candidatura de género y de minorías. A otros les preocupa que una cláusula que prohíba la calumnia en la publicidad política pueda tener un efecto inhibidor en la libertad de expresión. Todas estas son observaciones válidas, pero lejos de la histeria apocalíptica de la prensa en inglés.
Por supuesto, nada podría estar más lejos de los intereses de Frum, Kitroeff & Co. que participar en una discusión de buena fe sobre los pros y contras de las complejidades electorales de México. El objetivo aquí es utilizar sus posiciones en los principales medios de comunicación tanto para aporrear y caricaturizar a AMLO y las promesas de campaña de su Cuarta Transformación (4T). Al hacerlo, están cumpliendo el papel histórico de los medios de comunicación corporativos occidentales en toda América Latina: proporcionar un portavoz internacional a una casta de élites de clase alta con el fin de prevenir la posibilidad de una reforma incluso moderada a estructuras sociales profundamente injustas e desiguales.
En el proceso, y con una gran irresponsabilidad, este scrum mediático está claramente tratando de provocar a la administración Biden, ya hasta el cuello en Ucrania mientras atiende también dificultades con China, a una respuesta imprudente con México que podría escalar con la misma facilidad. El discurso ya ha sido escrito y el objetivo debidamente demonizado: ¡Democracia bajo ataque por un autócrata errático! ¡El narcoestado fallido requiere intervención! Los republicanos en la Cámara de Representantes ya están introduciendo resoluciones para autorizar el uso de la fuerza contra los cárteles, mientras que los demócratas como Bob Menéndez proporcionan la cobertura bipartidista necesaria para convertir tales ideas de descabelladas a plausibles. En México, en resumen, hay algo para todos: un enemigo para que los conservadores ataquen y una “causa” para que los intervencionistas liberales salven. Todos los elementos para una tormenta perfecta.
Además de la conveniencia de la cuestión electoral como club político, la fetichización del estilo New York Times/Atlantic del INE no es difícil de entender. En la imaginación liberal, la democracia solo puede ser generada desde arriba, por élites bien pagadas con trajes en instituciones respetables. Por lo tanto, fue el INE (en su encarnación anterior, el Instituto Electoral Federal) el que otorgó democracia a las masas ignorantes, y es el INE el que la ha salvaguardado contra todos los ataques, incluidos los más recientes.
La historia, sin embargo, cuenta una historia diferente. En su campaña para presidente de 2012, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gastó unas trece veces el límite de gasto legal de la campaña, según un análisis del Congreso, que incluye dinero en efectivo por favor de la empresa de construcción brasileña Odebrecht. En la Operación Safiro, los gobernadores del PRI de siete estados desviaron unos 650 millones de dólares (us$ 35,8 millones de dólares) a las campañas electorales de 2016 de su partido.
En la campaña presidencial de 2018, una cábala de empresarios e intelectuales gastó ilegalmente millones en campañas en línea fuera de un centro de operaciones en lo que se conoció como la Operación Berlín, para la calle de la Ciudad de México donde se nombró el centro. En el juicio recientemente concluido de Genaro García Luna (el ex secretario de seguridad pública en la administración de Felipe Calderón que fue declarado culpable en el tribunal federal de los Estados Unidos de connivencia con el cártel de Sinaloa), un ex ministro de finanzas del estado de Coahuila testificó que desvió a millones de las arcas estatales a campañas y la compra de una cobertura En todos estos casos, y muchos más, el INE, junto con el resto de la maquinaria electoral de México, no vio ningún mal, no escuchó ningún mal o dio golpes en las manos y no hicieron nada para deshacer los crímenes subyacentes. La democracia en México no ha venido del INE, sino de una larga lista de casos, a pesar de ello.
Y es esta democracia la que debe ser defendida ahora: no, como los medios de comunicación te harían creer, de AMLO, sino de aquellos que armarían el tema electoral para justificar una desastrosa intervención extranjera, en cualquier forma que pueda tomar en última instancia. Aunque la 4T no ha cumplido con las expectativas de todos, en cuatro años, ha creado un movimiento de gobierno que está tomando el control de sus recursos energéticos (incluida la nacionalización del litio) y está adoptando un papel de liderazgo regional en América Latina: dos pecados que los Estados Unidos no han perdonado históricamente en ninguna parte.
Artículo traducido del sitio Jacobin.com