El Plan de Desarrollo Institucional para el Congreso del Estado es un instrumento de planeación de gran importancia,
Contiene una ruta estratégica para mejorar la eficiencia en las funciones del Poder Legislativo, tanto en lo administrativo, como en su formal tarea legislativa, con una visión democrática que responda a las exigencias ciudadanas, en la nueva realidad política, económica y social que vive Durango.
Comentó que el actual contexto político del Estado exige romper inercias institucionales, con base en una redefinición y adaptación en la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo, a efecto de atender los desafíos que entraña el alejamiento del predominio del Ejecutivo en la planificación y diseño de la acción legislativa.
De esta manera, se busca que el Poder Legislativo este abierto al escrutinio público, dando cuenta de sus acciones para poder ser evaluado permanentemente.
Además se prevé realizar una reingeniería institucional, que tiene el objetivo de llevar a cabo una reestructura organizacional, elaborar manuales de organización y funcionamiento, establecer perfiles y descripciones de puestos, crear los reglamentos necesarios para el ordenamiento de los procesos internos.
En materia legislativa, se armonizará la legislación local con leyes federales en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, Disciplina Presupuestal y Justicia laboral, así como modernizar los ordenamientos jurídicos en materia de crecimiento económico y empleo.
Se tiene previsto realizar análisis integral de la legislación en materia de derechos humano, participación de la mujer, desarrollo e igualdad social, vivienda y Movilidad y desarrollo urbano, democracia y ciudadanía, salud, medio ambiente y desarrollo sustentable.
Detalló que la conformación de este Plan de Desarrollo Institucional ha sido el producto de la participación de los legisladores de todas las fuerzas políticas que integran la presente Legislatura, en un claro ejercicio democrático y plural.
El legislador explicó que el Plan está alineado con la Agenda Legislativa Común, que establece las metas trazadas para dotar a nuestro estado de un marco jurídico de vanguardia, adecuado para generar las condiciones necesarias para el desarrollo social, la seguridad, la justicia cotidiana y la rendición de cuentas.