Resulta difícil como duranguenses olvidar los años 2011, 2012 y parte del 2013 a consecuencia de la sequía que afectó gravemente nuestro estado. El sector ganadero fue el que más se vio perjudicado por la falta de agua.
Ahora otro fenómeno viene, y no es ocasionado por la naturaleza sino por los diputados federales y senadores, se habla de una ley en la que se pretende limitar el consumo de agua por habitante, concesionar el vital liquido a empresas privadas de la construcción y explotación antes que a la población, perjudicando (como siempre) al sector más pobre de la población, a los indígenas y a los campesinos.
Los que escribimos en esta pagina de Internet no estamos a favor de ningún partido político, ni de derecha, ni de izquierda, ni mucho menos oponernos al gobierno, pero lo que si es un hecho es que estamos a favor de que el agua es un derecho al que todos los duranguenses y mexicanos en general debemos de tener.
Hay colonias en la periferia de esta ciudad en las que todavía no tienen acceso al agua y las que lo logran tener no es de muy buena la calidad.
Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.
Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar “el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía”.
A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.
En su artículo 49, la ley reduce el acceso al agua al “mínimo vital” de 50 litros diarios para hidratación, higiene y otros usos, frente a los 100 litros previstos por la Organización Mundial de la Salud y ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, limita el acceso al agua a los habitantes de asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII) y no a todo ser humano, como lo manda la Constitución.
En su artículo 129, la ley favorece una concepción mercantil del agua, en contra de una visión de derecho. Además, el concepto de “asignación” de aguas nacionales a entidades públicas es sustituido por el de “concesión”, y se inclina hacia los concesionarios participantes en obras de construcción y explotación, antes que a los usuarios, según afirman las organizaciones que se oponen.
La ley podría afectar especialmente a campesinos e industria agrícola , pues promueve el fracking. En su artículo 10 LVI, se prevé el “uso de agua para la extracción de cualquier sustancia para cualquier proceso de transformación”. El fracking es una técnica para la extracción de gas y petróleo que utiliza cantidades muy grandes de agua. Se calcula que para la fracturización de un solo pozo se necesitan ente 9 y 29 millones de litros de agua, que se contaminan con cerca de 300 mil litros de sustancias tóxicas sumamente difíciles de limpiar.